Por Aurelio Nicolella
Todo comenzó como un grupo de bandoleros a lo Robin Hood, robando a los más ricos como los terratenientes sojeros y ganaderos para repartir el botín entre la población campesinada postergada del noreste del Paraguay.
Se trata del E.P.P. por sus siglas el Ejército del Pueblo Paraguayo, desde que surgieron en 1992 hasta la actualidad han ganado notoriedad, habían siendo un puñado de hombres y mujeres medio locos e idealistas, según las crónicas de los diarios del país guaraní de la época. Lo cierto es que se calcula que hoy superan la centena holgadamente, este es el gran problema de las autoridades paraguayas no hay información cierta, este grupo armado usa la táctica del camuflaje como dice el gobernador del departamento de San Pedro, Vicente Rodríguez, "De día se presentan como agricultores y trabajadores sencillos que se mezclan entre la población, por eso resulta difícil encontrarlos", señala el funcionario.
El E.P.P. se trata de una guerrilla con una Ideología marxista de orientación leninista, internacionalista, ambientalista y otros lo consideran que se halla dentro del espacio del “anarcocomunismo”.
Sus actividades van desde los secuestros de hacendados para reclamar dinero a cambio de la libertad de las personas, en algunas operaciones, junto a la extorsión de ganaderos, son consideradas las fuentes de ingresos de la guerrilla que ahora se estiman en US$3 millones, también la expropiación de bienes de consumo y atentados con explosivos contra bienes y personal del estado, hacen de la actividad de este grupo ilegal su accionar.
El mayor acto criminal perpetrado por esta fuerza ha sido el 27 de agosto de 2016 en dicha fecha perpetraron un atentado que le costó la vida a ocho militares, la peor matanza de soldados en los últimos años en ese país y en toda América del Sur. Por dicha acción subversiva perpetrada a 500 kilómetros al norte de Asunción, generó un fuerte rechazo en todo el país, disidentes del oficialismo y opositores reclamaron la renuncia del presidente Horacio Cartes y del ministro del Interior de Paraguay Francisco de Vargas.
Es por ello que existen analistas que sostienen que el E.P.P. ha pasado a una nueva etapa más orientada a las acciones militares en lugar de la obtención de recursos económicos, por medio de secuestros o amedrantamientos a la población rural.
El Ejército del Pueblo Paraguayo opera entre los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay cercanos a la frontera con Brasil, dicha región es una zona donde el estado paraguayo ha estado siempre ausente, la pobreza del campesinado es frecuente acostumbrados a que un grupo de terratenientes dueños de todas las tierras sean los que usufructúan las riquezas de la zona, ocupándoles sus pocas tierras y llevándolos a casi una esclavitud típica de principios del siglo XIX; por eso ante el descontento del campesinado ello hace que sea caldo de cultivo para esta organización terrorista, el apoyo del campesinado, aunque las fuerzas de seguridad del Paraguay y el gobierno no lo reconozcan es valioso, el silencio a las autoridades por parte del campesinado es alto, no delatan a sus miembros ni las ubicaciones en que se hallan los mismos en los montes.
No obstante el gobierno ha creado en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (F.T.C.) una unidad que junto con los miembros de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la Policía Nacional del Paraguay y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (S.E.N.A.D.) se han desplegado en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, buscando acabar con el plan estratégico de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (.E.P.P.), lo que se puede apreciar es el grado de corrupción que ello trajo los jefes designados en dicha “Fuerza de Tarea Conjunta” (F.T.C.) militares con altos grados de jerarquía, desde su implementación no han durado siquiera más de ocho meses, acusándose unos a otros, el dinero que se destina de las arcas públicas paraguayas van a un barril sin fondo, no se rinden cuentas de los gastos y el gobierno del presidente Horacio Cartes es incompetente en frenar el accionar de dicha guerrilla. Para botón basta una muestra, por descoordinación en los mandos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (F.T.C.), unos 20 integrantes del EPP escaparon entre el 14 y 15 de mayo pasado, según informan todo los medios periodísticos paraguayos. Por alrededor de cuatro horas los miembros de la fuerza policial-militar tuvieron en la mira a líderes y demás miembros de la banda criminal pero al amanecer del 15 se habían evaporado perdiéndoles el rastro, hay quién dice abiertamente que no hay decisión de atraparlos porque en la lucha contra el terrorismo hay muchos millones de dólares de por medio, y no hay voluntad política de matar a la gallina que pone huevos de oro.
La postura del gobierno de Cartes de cómo combatir y derrotar a la guerrilla al día de la fecha no ha dado sus frutos, por más que pomposamente el día de su asunción en su discurso digiera que iba a ser inclaudicable con toda delincuencia y nadie le marcaria la agenda al respecto.
De las 64 personas supuestamente asesinadas por el Ejército del Pueblo Paraguayo (E.P.P.), más del 60% murió desde que Horacio Cartes asumió la presidencia el 15 de agosto del 2013, lo que lleva a contabilizar que desde surgió la organización guerrillera, 33 civiles, 18 policías y 13 militares perdieron la vida a manos de sus miembros. Todo comenzó con la muerte de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.
Según las estadísticas, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos el E.P.P. mató a 3 personas; en el de Fernando Lugo a 14; durante la época de Federico Franco a 7 (con un año de gestión) y en el actual gobierno de Horacio Cartes a 40.
En cambio la Iglesia ya ha denunciado atropellos de “Fuerza de Tarea Conjunta” en el Norte los obispos firmantes del texto señalan que los miembros de las fuerzas de seguridad no respeta la justicia y ni tampoco las leyes de la nación. “…En la región (Norte) se vive el miedo y la zozobra permanente por el atropello de la Fuerza de Tarea Conjunta a la dignidad de la persona y el abuso contra sus derechos humanos, haciendo caso omiso de las garantías constitucionales de un Estado de Derecho…”, señala parte de la denuncia de los obispos paraguayos.
La misma Iglesia ha recomendado al gobierno que debe haber más presencia del estado en la región conflictiva pero no con armas, sino con educación, asistencialismo a los campesinos, leyes justas que impongan la verdadera justicia social que pregonan los políticos de la ciudad de Asunción, que haya respeto a la dignidad humana e integración de esos necesitados para que puedan tener una vida que les permita vivir honradamente.
El Paraguay de este siglo XXI para muchos investigadores y analistas geopolíticos está viviendo lo que otras naciones sudamericanas en los años setenta vivieron, aunque puede ser el prolegómeno de lo que le puede suceder al subcontinente sudamericano.
